- LA VERDAD -

Radiografía de una Argentina corrupta


Carlos Pagni
Para LA NACION


La multinacional alemana Siemens admitió ayer haber pagado coimas para conseguir y mantener el contrato de confección de los DNI en la Argentina, tal como había adelantado LA NACION el martes pasado. Esa confesión forma parte de un extenso documento publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se detallan otras prácticas irregulares en Venezuela y Bangladesh. La consecuencia inmediata de esta revelación es que Siemens deberá retirar del Ciadi la demanda contra la Argentina, por la que en febrero del año pasado se le reconocieron 217 millones de dólares.

El período en que se concentra el relato va de 2001 a 2007, es decir, comienza el año en que Siemens se lanzó como cotizante en la Bolsa de Nueva York, institución con competencia en las revelaciones de ayer.

Sin embargo, a través del escándalo de Siemens y los DNI se puede rastrear una historia de la Argentina corrupta que involucra a varios gobiernos, compromete a empresas y dirigentes vinculados con figuras estelares de la oposición actual y tuvo ramificaciones insospechadas, hasta rozar el caso Cabezas.

Para comprender la dimensión penal y política del inusual reconocimiento formulado por Siemens hay que tener en cuenta las tres investigaciones que se siguen sobre este affaire . Una, de la que surgió la información de ayer, es la que llevó adelante el estudio neoyorquino Debevoise & Plimpton, contratado por una suma multimillonaria para realizar una auditoría internacional sobre irregularidades cometidas por la empresa.

Hay otras indagaciones que realiza la justicia de Munich. De ellas trascendieron algunos datos inquietantes, como las declaraciones de arrepentidos que, a cambio de aliviar su castigo, ofrecieron detalles sobre la presunta identidad de los funcionarios argentinos que requirieron los sobornos, el monto de éstos y las empresas a través de las cuales los cobraron.

Una tercera línea de investigación es la que sigue, en Buenos Aires, el juez federal Ariel Lijo, quien solicitó varias veces que los tribunales de Alemania abran sus expedientes para completar las informaciones que él está recabando. Hace dos viernes, el magistrado recibió una invitación para viajar a Berlín y Munich y acceder a esos documentos. El viaje de Lijo, en abril, sería el próximo capítulo de esta trama de suspenso.

El texto que se conoció en Washington tiene información crucial para el rompecabezas, aunque para que las coimas sean probadas todavía falten muchos testimonios y documentos. A partir de ayer se sabe lo siguiente:

De 1997 a enero de 2007, Siemens pagó o hizo pagar 15.725.000 dólares a funcionarios argentinos o a entidades controladas por ellos. Por lo menos 35.150.000 dólares fueron para Argentine Consulting Group (ACG), controlada por un intermediario entre el Estado y la empresa. 54.908.000 dólares fueron para otras organizaciones. Sin embargo, a las autoridades norteamericanas les interesan los 31.263.000 dólares que se habrían desembolsado en el lapso en que Siemens estuvo listada en la Bolsa de Nueva York, es decir, a partir de 2001. Por eso los ejecutivos de la multinacional acostumbraban antedatar los pagos irregulares realizados después de esa fecha.

El documento no revela la identidad de quienes intervinieron en estas transacciones, aunque, en la mayoría de los casos, es fácil adivinarla. Sólo se refiere a dos funcionarios públicos que habrían cobrado coimas. Uno de ellos formó parte del gobierno de Carlos Menem hasta su finalización. Después fue legislador nacional. En su caso no se menciona ninguna cifra, sólo la percepción del soborno. Este ex funcionario, que el texto oculta tras la denominación "Former Official A", aparece también en un incierto viaje a Berlín, entre diciembre de 1999 y marzo de 2000, junto a un ministro argentino -no se especifica si en funciones o retirado-, reclamando pagos incumplidos ante un ex directivo de Siemens Argentina.

El otro funcionario es un ministro de Fernando de la Rúa que habría estado en condiciones de garantizar la continuidad del contrato. El texto lo designa "Former Minister A" y lo acusa de haber cobrado 660.000 dólares con la promesa de facilitar un dictamen de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que convalidara la continuidad del negocio, competencia del Ministerio del Interior. Al frente de la Sigen, durante la administración de la Alianza, estuvo Rafael Bielsa, quien cuando se pronunció sobre el convenio lo hizo en forma negativa.

Los ejecutivos de Siemens afirman que en marzo de 2001, con la renuncia de varios integrantes del gabinete, la empresa perdió a dos auspiciantes. Uno sería el que cobró los 660.000 dólares. Quienes recuerdan aquellas negociaciones insinúan que el otro sería un ministro que renunció a comienzos de mes pero que jamás exigió sobornos.

El segundo ministro del Interior de De la Rúa, Ramón Mestre -sucesor de Federico Storani-, canceló el contrato. Uno de los trascendidos de la causa que se sigue en Alemania indica que, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, se habrían ofrecido 10 millones de dólares en sobornos para reflotar el negocio. Pero el texto de ayer no lo menciona.

Una figura central en todas las transacciones es un ex director de Siemens que sirvió como contacto principal con los funcionarios. Su nombre cifrado es "Agent A". Se trata de un argentino que intermedió en las coimas a través ACG. Coincidiría con un operador que tuvo gran participación durante la fallida licitación de radares del gobierno de Menem. "Agent A" tendría como nexo en la gestación del negocio a "Former Official A".

El documento que se conoció ayer consigna con detalle los distintos reclamos de ACG, controlada por "Agent A", a Siemens para cobrar compromisos asumidos por la multinacional durante la gestión del negocio. Pero no especifica el destino final de esos fondos, es decir, si la consultora los derivó a los funcionarios que habilitaron el contrato. Es lo que deberá averiguar Lijo cuando viaje.