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Fuera de las cámaras:

televisión, Justicia y opinión pública


Tres juicios muy esperados, Cromagnon, el del padre Grassi y el de la Mansión Seré, en el que se juzgan casos de represión, dejaron a la televisión afuera.¿Qué hay detrás de esas decisiones? ¿Por qué la mayoría de los magistrados argentinos le teme a la televisación?


Por Laura Zommer
Enfoques - La Nación
Arte de tapa: Silvina Nicastro


Algo está claro: la mayoría de los jueces argentinos pretende que los Tribunales no se conviertan en la casa de Gran Hermano, donde las cámaras registran todo lo que ocurre y difunden sólo lo que causa impacto. Pero, detrás de esta preocupación que suena razonable, la gran mayoría de los magistrados oculta que su deseo es juzgar y que no lo juzguen.

El temor de los magistrados al escrutinio de la TV y, a través de ella, al control de la opinión pública, quedó en evidencia, quizás como nunca antes en la historia argentina, durante la semana última, cuando comenzaron tres juicios orales y públicos de indudable interés social que dejaron a las cámaras afuera.





La publicidad de los juicios orales es, para los acusados en procesos penales, una garantía de que sus juicios serán justos, y, para todos los individuos, un derecho a acceder a información sobre el desempeño de un poder del Estado, cuyos actos deben ser controlados. Pero, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se excluye a la televisión tan seguido si ella es sólo una aliada para que se respeten derechos individuales y sociales?

Porque, como generalmente ocurre en el mundo jurídico, nada es tan sencillo como parece. Además de estos derechos, están en juego los intereses de los testigos a que su imagen y su vida se resguarden, los derechos de los imputados a no tener una condena anticipada y a que los jueces impartan justicia sin presiones de ningún tipo. Y hay más.

La buena o mala imagen de la Justicia depende en parte de lo que de ella proyecten los medios, porque la mayoría de la gente no pisa un tribunal en toda su vida. Y, por lo visto, los jueces no confían demasiado en los camarógrafos y los productores televisivos, que definen qué imágenes captar y cuáles mostrar.

Así las cosas, no podrán seguirse por la televisión ni ser controlados por el común de los mortales el juicio por la tragedia de Cromagnon, en la que murieron 193 personas, ni el proceso por abuso sexual contra el padre Julio César Grassi, ni el que se lleva adelante contra los brigadieres Hipólito Mariani y César Comes por violaciones a los derechos humanos ocurridas en la llamada Mansión Seré, que funcionó en Castelar como un centro clandestino de detención durante la última dictadura.





Los fundamentos y el alcance de las restricciones impuestas por los tribunales en los tres casos no fueron iguales porque, en el proceso contra Grassi, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Morón prohibió el ingreso en la sala de audiencias no sólo de las cámaras sino también del público desde el inicio hasta el final del juicio, aun cuando las víctimas solicitaron lo contrario. "Aunque el tribunal argumentó que es para resguardar a los testigos, quienes eran menores cuando ocurrieron los hechos, la medida parece abusiva: el juicio oral y público no será público y nadie más que las partes podremos verlo sentado en el banquillo de los acusados", se quejó el abogado querellante Juan Pablo Gallego, del Comité Argentino de Aplicación y Seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN).

El Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital, que realiza el juicio por la Mansión Seré, fue algo menos drástico: prohibió la televisación y el registro de imágenes. En rechazo a la medida, los tribunales de Comodoro Py amanecieron el jueves último con grandes carteles con el logo de "prohibido" sobre cámaras de fotos, micrófonos y cámaras de TV. El intendente de Morón, Martín Sabbatella, pidió, hasta ahora sin éxito, que fuera televisado. "El pedido lo hice desde el convencimiento de que ese material documental tendrá un irreemplazable valor histórico tanto para la comunidad local como para la región y constituirá un elemento imprescindible en los trabajos por la memoria, la verdad y la justicia, así como para la transmisión intergeneracional de la historia reciente de nuestro país", explicó Sabbatella.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 24, que juzga desde el martes último a Omar Chabán y al Grupo Callejeros, tampoco aceptó la televisación y transmisión en vivo y en directo de todo el proceso, pero sí redactó un reglamento para la cobertura periodística del juicio, dispuso la filmación del proceso e instaló una antesala con televisores para que más personas -entre ellos, periodistas- pudieran seguir lo que ocurre en el recinto. "Sólo se podrán tomar imágenes de la sala de audiencias antes de que comience el juicio y de las audiencias en las cuales se producirán los alegatos y la lectura del veredicto y sentencia, de acuerdo con la capacidad de la sala y por estricto orden de llegada. El día de la apertura se facilitará el acceso de camarógrafos y fotógrafos por el término de diez minutos", señala la resolución.

Gracias a esta decisión se pudo ver a Chabán, con la cabeza rapada, sentado en el banquillo de los acusados y protegido por un blindex que lo separa de los familiares de las víctimas y del público, el día que comenzó el juicio. O al cantante de Callejeros Patricio Fontanet, cuando gesticulaba reprobatoriamente mientras se le leían los cargos en su contra. ¿Por qué a Chabán y a Fontanet sí y a Grassi o a ex represores, no?

El problema de la televisación de los juicios orales no tiene una respuesta en la legislación argentina. Ningún cuerpo legal nacional indica si los juicios orales que no involucran materias específicas, como los menores de edad, por ejemplo, pueden o no ser televisados. En cambio, se postula que deben ser "públicos". Decidir si las cámaras de TV quedan dentro o fuera de las salas es una facultad discrecional de los jueces.

"En general, hay una tendencia automática a cerrar la sala de audiencias y se utilizan criterios absolutamente dispares para hacerlo. Por eso, para mí, tiene que existir un mínimo de regulación", dice Luis García, juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, ex juez de un tribunal oral porteño y uno de los que más estudió y sabe de este tema (en 1995 publicó Juicio oral y medios de prensa , uno de los pocos libros jurídicos que aborda esta cuestión).

Aunque García es un férreo defensor de la publicidad y la televisación, no cree "que deba haber ingreso automático de la televisión, porque si todos los canales de aire quisieran ingresar, en muchas salas de audiencias ello sería físicamente imposible, pero sí estoy convencido de que los jueces deben fundar siempre su negativa y yo, personalmente, soy partidario de la televisación, porque el delito es siempre una cuestión pública".

El juez, que integró la Comisión de juristas que en septiembre del año último entregó un proyecto de reforma global del sistema de enjuiciamiento penal al entonces presidente Néstor Kirchner, recordó que entonces propusieron la inclusión de un artículo que sostenía que el principio era la publicidad con televisación incluida y que, en caso de negativa, los jueces tenían que fundamentar las causas de su rechazo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación jamás se pronunció sobre el fondo de este asunto, aunque según fuentes inobjetables, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, impulsa una acordada con recomendaciones de apertura a la prensa para todos los jueces, que incluyen admitir la televisión de los juicios orales en casos de interés público. Hasta el momento no consiguió mayoría entre sus pares.

A salvo de las críticas

Las diferencias de criterio frente a la televisación no son exclusivas de los jueces nacionales y federales. En las provincias tampoco hay reglas claras y se define generalmente caso por caso. Sin embargo, el ex camarista federal y ex juez de las Cortes provinciales de Tierra del Fuego y Chubut, Juan Pedro Cortelezzi, pone en duda la eficacia que tendría en la práctica una regulación especial, tanto si fuera a través de una ley del Congreso como de una decisión administrativa de la Corte. "Los Códigos modernos estipulan la oralidad y la publicidad y señalan que no pueden ingresar en la sala los ebrios, los condenados y los menores, lo que descarta que no puedan hacerlo los periodistas, sean de medios gráficos, de radio o televisión", dice, como si fuera tan sencillo. Y luego, se sincera, "el problema de la mayoría de los jueces es que quieren seguir aislados, ahí arriba, sin que nadie ponga en cuestión su trabajo".

Eduardo Bertoni, ex relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y director ejecutivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal, no tiene dudas de que hoy no puede hablarse de publicidad de un juicio si la TV quedó fuera del recinto. "La publicidad de los procesos penales es una de las garantías del inculpado para que su juicio sea justo. Pero también es un derecho ciudadano para controlar cómo se administra el poder punitivo. Son garantías que nacen junto a otras en el siglo XIX y quienes las pensaron como límites al poder del Estado no contaban con la tecnología actual. La publicidad era limitada al espacio de la sala de audiencias porque era lo único posible -dice Bertoni-. Hoy esa limitación del espacio físico puede ser superada por el uso de cámaras de TV. El juicio a Fujimori se está televisando. Lo mismo ocurrió con el juicio a Milosevic. Son sólo dos ejemplos que indican que hoy no puede entenderse que un juicio es público si se prohíbe su televisación".

Cortelezzi no coincide y opina como la mayoría de los jueces argentinos. Para él, la publicidad del acto de gobierno que supone todo juicio se satisface con la mera presencia de un número reducido de público en la sala, aunque reconoce que "la publicidad con la prensa puede mejorar mucho la transparencia del sistema judicial y, especialmente, contribuir con una función pedagógica".

La Justicia y la gente
Acercar la Justicia a la gente, mejorar la imagen del sistema judicial y educar sobre su función en toda democracia es uno de los objetivos de la gestión de Lorenzetti en la presidencia de la Corte. Adriana Amado Suárez, directora de la carrera de comunicación de la UCES e investigadora de la Universidad Nacional de la Matanza, está segura de que la televisión puede ayudar mucho a ello, aunque la lógica mediática tiene grandes diferencias con la lógica procesal.

"La televisión es hoy lo que antes eran los manuales de Instrucción Cívica y sirve mucho para que la gente tome consciencia de lo que implican las decisiones de los distintos poderes del Estado, pero sin duda hay riesgo de banalización con la televisación de los procesos penales, porque en la gramática de la tele, la gente mira el juicio y lo asocia con Petrocelli o las series de Sony, en las que todo se resuelve en media hora", opina Amado Suárez.

El abogado Alberto Bovino agrega elementos en favor de la televisación: "Los ciudadanos no están enterados de la realización de los juicios. Aun si existiera el deseo de asistir, los tribunales se encuentran ubicados en una zona concentrada de la ciudad, en el interior de edificios con características edilicias que podrían considerarse como obstáculos; el lenguaje tribunalicio es otra barrera. Por eso, en la actualidad son los medios de prensa los que colaboran para posibilitar la tarea de exponer públicamente los actos de gobierno".





Sin duda, la representación social de la Justicia no es un asunto reservado a jueces y abogados. Desde el ámbito de la Comunicación, Luciano Elizalde, profesor de la Universidad Austral e investigador del Conicet, aporta elementos para el análisis. "Sin duda, la presencia de la cámara es un condicionante para los actores, especialmente para los que tienen que tomar decisiones. Con la TV, el juicio se transforma en un acontecimiento mediático y todos mutan -sostiene Elizalde-. Más allá de que esté bien o mal televisar, habría que analizar si el sistema judicial está pensado para el sistema audiovisual, porque los juicios están más pensados teatral que cinematográficamente".

Amado Suárez ratifica que la cámara interviene y modifica lo que ocurre por el solo hecho de estar en la sala de audiencias y aclara que esa es una cuestión implícita en todo proceso de mediatización, desde una fiesta de 15 años hasta el debate del Congreso por las retenciones (donde los legisladores interpelaban a sus potenciales votantes) o un juicio.

Elizalde desdramatiza el problema apelando a la historia. "La mediatización de la Justicia siempre existió. El juicio a Sócrates fue mediatizado por su discípulo Platón. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido allí una cámara o si lo hubiera relatado otra persona? Con seguridad, nada hubiera sido igual". Él considera que, para anular los efectos negativos de la mediatización actual, sería útil capacitar a jueces, abogados y fiscales en la forma de relato de la TV, porque la gramática y la sintaxis de la televisión y la Justicia son diferentes.

Como frente a casi todos los problemas jurídicos, hay argumentos atendibles en favor y en contra de la televisación. Y, a fin de cuentas, se trata, como siempre, de equilibrar o armonizar derechos.

El valor y la función que puede tener la televisación de un proceso oral no son negados ni siquiera por sus detractores. Fue evidente hace más de una década atrás, durante el primer juicio por el crimen de María Soledad Morales en Catamarca. Entonces, un gesto del presidente del tribunal con una indicación a una jueza, que todo el país vio en directo por televisión, llevó a que se suspendiera el proceso y se designaran nuevos magistrados. Fue eso: un gesto, una imagen que, algunos aseguran, cambió la historia de una provincia argentina.