17 de noviembre de 2008

- FUTUR...-




El futuro no existirá


Por James Neilson,
Periodista y analista político,
ex director de “The Buenos Aires Herald”
Ilustración: Pablo Temes
Revista Noticias



Siempre y cuando los senadores no opten por depararnos otra sorpresa mayúscula, lo que no parece demasiado probable, dentro de una semana los aproximadamente 80.000 millones de pesos que las AFJP aún manejan irán a engrosar la caja K. También ayudará a mantenerla llena por un rato lo que recaudaban de quienes confiaban más en el sistema privado que en el estatal. Desde el punto de vista del Gobierno kirchnerista, los trámites parlamentarios que le permitirán cohonestar el zarpazo han resultado ser maravillosamente sencillos. A diferencia de lo que sucedió con las malhadadas retenciones móviles, la decisión inconsulta de Néstor Kirchner de apropiarse de los fondos jubilatorios privados no provocó una reacción masiva.

Hubo manifestaciones callejeras por parte de quienes temían perder sus empleos e hicieron gala de su indignación algunos pedantes de mentalidad arcaica que se sentían alarmados por el desprecio evidente del Gobierno por la opinión de quienes hace poco reafirmaron su voluntad de seguir afiliados a una AFJP. Pero el grueso de los diputados no tardó en darse cuenta de que le serían ínfimos los eventuales costos políticos de votar a favor de la reestatización del sistema. De ahí la mayoría abrumadora que fue conseguida por el oficialismo. Todo hace pensar que los padres de la Patria compartirán la postura de los diputados.

El hecho de que con contadas excepciones los políticos se sientan entusiasmados por el llamado régimen de reparto, es decir, estatal, puede entenderse. Con su propia vejez asegurada por jubilaciones de privilegio generosas, se han acostumbrado a tratar al dinero aportado al sistema por la gente común como botín que pueden aprovechar toda vez que el país se encuentra en emergencia, como sucede con cierta frecuencia. A través de los años, gobiernos de todos los signos han robado a los jubilados actuales y futuros sin que tal práctica los haya perjudicado, razón por la que los contrarios a la maniobra ideada por Kirchner se concentraron en plantear interrogantes acerca de lo que se proponía hacer con el dinero, ya que a los radicales, socialistas, devotos de Elisa Carrió y peronistas disidentes tampoco les gustaba para nada la noción de un sistema mixto.

Tampoco incidió en la actitud adoptada por la mayoría de los legisladores el impacto económico tremendamente negativo que en seguida tuvo una medida que sembró pánico en los mercados locales, hizo subir a las nubes el índice riesgo país, privó a las empresas locales de una fuente de financiamiento fundamental y provocó una corrida cambiaria al asustar a todos los ahorristas que se preguntaban: ¿Qué harán los Kirchner cuando hayan agotado el dineral que acaban de arrebatar? ¿Irán por las cuentas de ahorro, las cajas de seguridad? Por las dudas, muchos cambiaron sus pesos por dólares que metieron en el colchón.

En cuanto a la ciudadanía en su conjunto, a esta altura sabrá que, a pesar de sus presuntas bondades teóricas, en la Argentina el sistema de reparto es desde hace varias décadas una estafa vil que sólo ha servido para repartir pobreza: el igualitarismo con el que tantos se llenan la boca es para los mayores, no para los demás. Lejos de ser “solidario” como aseveran sin sonrojarse sus defensores, condena a quienes dependen por completo de él a la indigencia, devolviéndoles una fracción miserable de lo que aportaron durante décadas y frustrando las ilusiones hasta de los más humildes.
¿Por qué, pues, no sacó provecho la ciudadanía de una oportunidad inesperada para exigirles a quienes figuran como sus representantes una reforma global del régimen provisional para que haya algún vínculo entre las expectativas razonables de la gente y lo que en efecto le espera cuando se vea obligada a jubilarse? Es de suponer que por resignación. Privilegiados aparte, todos entienden que la Argentina carece de un sistema jubilatorio genuino y que por lo tanto sería una pérdida de tiempo tomar en serio la retórica viscosa, rebosante de hipocresía, empleada por aquellos políticos que juran que ellos sí se preocupan por el destino económico de quienes conforman lo que llaman, con justicia, “la clase pasiva”. En ocasiones, algunos jubilados se rebelan contra la realidad así supuesta, pero lo único que logran es cierta notoriedad mediática.
Por desgracia, los Kirchner distan de ser los únicos que están tan obsesionados por el corto plazo que no se les ocurriría intentar prepararse para lo que podría suceder pasado mañana. De ahí el desconcierto que les ha producido el viraje abrupto del viento de cola que impulsó el crecimiento macroeconómico “chino” de los años últimos. Parecería que el país entero sufre de miopía. La falta de interés de la mayoría en el régimen jubilatorio es un síntoma inconfundible de dicho mal. Aunque todos saben muy bien que –a menos que mueran antes– tarde o temprano llegarán a la vejez, muy pocos parecen inquietarse por la probabilidad de que como consecuencia sus ingresos experimenten una caída precipitada, acaso por comprender que les sería tan penoso pensar en las calamidades por venir que sería más sensato vivir al día. Mientras que en otras partes del mundo cualquier modificación –por mínima y por oportuna que fuera– que pudiera redundar en la reducción de los futuros haberes jubilatorios basta como para llenar las calles de manifestantes furibundos, aquí los gobiernos pueden transformar el sistema caprichosamente de la noche a la mañana con la más absoluta impunidad. Parecería que para la Argentina, el futuro no existe.

Además de la indiferencia generalizada que es atribuible al cortoplacismo congénito, el gobierno kirchnerista se vio beneficiado por los prejuicios difundidos contra todo cuanto sabe a libertad económica. En la Argentina, el capitalismo como tal –a menudo calificado de “salvaje” o “neoliberal”– tiene mala fama, lo que es una desventaja porque es la única modalidad económica conocida que sirve para generar la riqueza necesaria para que todos los integrantes de una comunidad nacional puedan dejar atrás la indigencia. A ojos de muchos políticos, comentaristas y otros, aludir al “negocio de las jubilaciones” equivale a dar a entender que las AFJP son asociaciones delictivas que deberían reprimirse. Asimismo, la mayoría de la población parece convencida de que en última instancia le corresponde al Estado encargarse del sistema provisional y si se opone a la nacionalización impulsada por los Kirchner es porque sospecha que sus motivos tienen más que ver con sus necesidades personales que con el bienestar común. Los muchos que piensan de este modo lo toman por una cuestión de principios, de suerte que no les importa el hecho de que a través de los años el Estado se haya comportado de forma mucho más rapaz y mezquina que los denostados gerentes de los fondos privados.

En los debates, por llamarlos así, que se celebran en torno de temas como el pro y el contra del sistema de reparto por un lado y de capitalización por el otro, y el papel que debería cumplir el Estado en la economía, los participantes más locuaces suelen subrayar las deficiencias del sector privado que efectivamente se da en el país y reivindicar los méritos de un Estado hipotético que se asemeja mucho más al sueco que al monstruo corrupto, clientelista y fabulosamente ineficaz que todos conocemos. Huelga decir que en la contienda entre lo real y lo ideal que se libra en las sesiones parlamentarias y una multitud de cenáculos, lo ideal siempre gana. Con todo, el compromiso emotivo con el estatismo de la mayor parte de la clase política no quiere decir que le interese mejorar su desempeño. En la Argentina estatista, hablar de reformar el Estado para que se parezca más al dechado de solidaridad imaginado por quienes lo reivindican es considerado propio de reaccionarios.
Las perspectivas para casi todos aquellos que ya se han jubilado y quienes lo harán en el futuro son sombrías. Si bien a partir de mediados del 2002 el producto bruto creció mucho, pocos jubilados sintieron los beneficios, de modo que es de prever que estén entre los más perjudicados por las repercusiones de la crisis internacional, sumadas al agotamiento del “modelo”, que ya ha comenzado a afectar a sectores cada vez más amplios de la economía al desplomarse los precios de las exportaciones y reducirse todavía más la posibilidad de acceder a créditos.

Todos los dirigentes políticos, encabezados por los Kirchner, hablan con fluidez envidiable de “solidaridad” y de su compromiso irrenunciable con los jubilados, pero si la experiencia nos ha enseñado algo, esto es que sólo se trata de palabras huecas. Con suerte, los “pasivos” disfrutarán de algunas mejoras preelectorales, pero si las dificultades resultan ser tan graves como vaticinan quienes prevén que, por no haberse preparado debidamente, la Argentina estará entre los países más golpeados, se verán postergados una vez más. Total –se dirán los responsables de manejar la economía– puesto que los jubilados pronto morirán, hasta que el crecimiento se haya reanudado lo más realista sería dejar las cosas como están y preocuparse por quienes están en condiciones de continuar entregándoles el dinero que necesitan, no por los que insisten perversamente en cobrarlo y por lo tanto constituyen un problema más.

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