- TELEFONIA -

Que no avance el monopolio


Henoch Aguiar
Para LA NACION
Noticias de Opinión



El Gobierno decidirá, en breve, qué hacer con Telecom Argentina. En la espera, rugen los lobbys, se enfrentan accionistas, se prueban el saco de nuevos socios diversos grupos económicos. Esta historia tiene condimentos picantes: apoyo personal del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, solicitadas que se cruzan como bofetadas, sospechas de espionaje, intervención de diputados, defensor del pueblo, tribunales y veedores estatales. Tanto árbol puede ocultar el bosque.

Lo que se decide en verdad es si tendremos un sistema exigente y competitivo de comunicaciones, o un mercado atrasado, con usuarios atados a lo que les ofrezcan. Se decide si la economía argentina será protagonista en un siglo signado por las comunicaciones y la informática, o si castigamos a todos los sectores económicos y sociales a la vez, que dependen de la comunicación para crecer.

Los hechos disparadores son simples: Telefónica de España reemplazó al accionista principal de Telecom Italia en 2007. Desde entonces, su opinión impacta decisivamente en la estrategia italiana y mundial de Telecom Italia.

Esta operación es problemática para la Argentina. Un mismo socio, Telefónica de España, está presente en las dos empresas que dominan el mercado argentino, Telefónica y Telecom. Es dueño de una y accionista influyente de la otra.

Para la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la Argentina, la transacción europea entre españoles e italianos implicó cambio de control en Telecom Argentina. Sin embargo, ni Telefónica ni Telecom requirieron autorización cuando se concretó, en 2007, tal como está ordenado. El 9 de enero pasado la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) intimó a las partes a hacerlo.

Quedarían escasas posibilidades de competencia en la Argentina si un único grupo está detrás de las dos empresas dominantes. Facturan, en conjunto, más de 25.000 millones de pesos, controlan el 95% de la telefonía fija, así como el 70% de la telefonía celular y de los accesos de banda ancha del país, más una decena de canales de televisión. Concentrados, su dominio del mercado será superior.

La privatización de ENTel creó dos empresas fuertes para que pudieran competir entre sí una vez abierto el mercado. Dos décadas después, las comunicaciones son mucho más estratégicas que entonces. Deberíamos avanzar hacia más competencia todavía, hacia la configuración de empresas nacionales de comunicaciones que puedan no sólo atender nuestro mercado, sino fortalecerse, compitiendo en la región. Volver al unicato de las comunicaciones sería una grave falta de visión estratégica.

La Unión Europea, cuna de los inversores españoles e italianos, no se cansa de exigir mayor competencia. No se entiende por qué lo deseable allá sería desmotivante aquí. Es el único incentivo verdadero y permanente para que los prestadores nuevos y los ya instalados se vean forzados a invertir y a mejorar sus redes.

Los usuarios, además, tenemos derecho genuino a la competencia. El respeto de las normas que la promueven y garantizan hace a nuestra seguridad jurídica, que es para todos, no sólo para multinacionales que amenazan con el Ciadi. Las normas vigentes defienden nuestro derecho y se oponen a esta concentración. Veámoslas.

La Constitución nos asegura libertad de elección de bienes y servicios. Confía al Estado, en su artículo 42, la misión de proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales.

La ley de Reforma del Estado ordenó la desmonopolización. En el tratado firmado con la Organización Mundial de Comercio, la Argentina acordó prevenir prácticas anticompetitivas en telecomunicaciones. El pliego de privatización de ENTel prohibió que un mismo operador de telecomunicaciones participara en más de una oferta.

Telefónica ganó las dos regiones en 1990. Sin embargo, tuvo que elegir una. Si lo aceptó entonces, también debe acatarlo ahora. La licencia ampliada, otorgada en 1999, a Telefónica y Telecom les ordenó, de por vida, no tener ni accionistas ni negocios comunes.

No hacen falta más detalles jurídicos. Las normas son contundentes. Intentar torcer alguna de ellas, interpretarla diferentemente, quebraría la armonía que atraviesa toda la arquitectura jurídica sobre estos temas, desde la Constitución para abajo.

Las cartas están echadas. Telefónica y Telecom corren grave riesgo de transformarse en uno solo, aunque mantuvieran fachadas diferentes. Nos afectaría a todos, gravemente, ahora y por muchos años. El Gobierno lo sabe. En el estricto respeto de las normas vigentes, puede aceptar nuevos accionistas que reemplacen a los capitales italianos, restablecer la independencia entre ambas empresas y darle aires nuevos a un mercado del que depende toda la estructura de comunicaciones de la Argentina.

El autor fue Secretario de Comunicaciones de la Nación