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Lavado de dinero en la Argentina

Por Mariano Scotto
Para LA NACION


Las causas de lavado de dinero en la Argentina son, en general, desestimadas por la Justicia y no han servido para determinar culpables. Así lo estableció una investigación realizada por la asociación civil Unidos por la Justicia, que exploró lo sucedido con estos expedientes desde que se sancionó una legislación sobre lavado, en 2000 (ley 25.246).

En la justicia argentina la mayor parte de las causas que se investigan son por depósitos injustificados en cuentas bancarias (33%). En los otros casos son operaciones financieras sin justificar (29%); el resto es un ramillete de transferencias injustificadas del exterior y el aumento sospechoso de capital en empresas o sociedades. En cuanto a los montos de lavado, un poco más de la mitad (56%) se refiere a operaciones de 1 a 10 millones de pesos. Por encima de esta última cifra, las operaciones no son más que el 19% del total.

La investigación presenta un doble problema: ausencia de información oficial y una enorme demora por parte de los organismos oficiales para que la brinden. Sólo en el 10% de las causas la tardanza fue inferior a un año. En cambio, las entidades privadas, en su mayoría, respondieron en menos de 30 días.

Otro de los rincones de la trama del lavado de dinero en la Argentina revela que en el 73% de las causas había casi un centenar de personas imputadas, pero sólo un mínimo fue investigado, se convocó a testigos o se llevó adelante el juicio. De todo el universo investigado, el 38% de los casos fue archivado. Incluso, un 6% fue ignorado desde el comienzo por distintas razones.

Por otra parte, las cámaras de apelaciones sólo intervinieron en un 19% de los casos, y el promedio para resolver los expedientes fue de 100 días.

Además, el documento profundiza en la intervención de las fuerzas de seguridad a la hora de indagar el lavado de dinero. También hace hincapié en el tipo de información solicitada a los organismos públicos y la demora de cada uno en contestar los oficios, ahonda sobre los principales países a los que se enviaron exhortos y su respuesta, entre otros detalles que se ponderan al cruzar las distintas variables.

La investigación demuestra un carácter inédito por la mirada que despliega sobre los distintos factores judiciales y administrativos que inciden en los casos de lavado de dinero, aunque no se queda allí, sino que avanza en su análisis y arriba a conclusiones que fueron presentadas públicamente ante distintas autoridades judiciales y ejecutivas, nacionales e internacionales.

El autor es presidente de Unidos por la Justicia.