- AMAZONIA -

Amazonia:

Cinco preguntas urgentes


Fragmentarias y contradictorias, cuando no interesadas, las noticias sobre la mayor reserva natural del planeta oscilan entre la negación irresponsable del peligro y las declaraciones de catástrofe. Una investigación a fondo de la revista brasileña Veja desnuda mitos y verdades sobre el estado de la selva amazónica, su verdadero grado de destrucción y cómo pesan en sus posibilidades de futuro los intereses políticos y económicos

Por Leonardo Coutinho y José Edward

Las noticias sobre la Amazonia son, por naturaleza, fragmentadas y muchas veces contradictorias. O bien se da cuenta de que la selva tropical brasileña nunca estuvo tan protegida. O bien suenan los clarines del apocalipsis y se anuncia la muerte inminente de la mayor reserva de agua dulce, plantas y animales del planeta. ¿Dónde está la verdad? Este artículo busca responder a este interrogante. La cuestión es a la vez compleja y multifacética. Existen hoy leyes, saber científico y vigilancia remota suficientes para permitir el aprovechamiento económico de la Amazonia sin alterar sustancialmente su metabolismo, pero para eso es vital que las leyes se cumplan, la ciencia se aplique y la vigilancia satelital se complemente con una extensa acción policial punitiva a los desmontadores.
















1.- ¿Por qué preservar la Amazonia?

El sentido común: La Selva Amazónica es el pulmón del planeta. Si desapareciera, el calentamiento global se aceleraría de forma dramática.

La verdad: Las investigaciones más recientes muestran que el efecto más visible de la desaparición de la Amazonia sería el desequilibrio de las lluvias del mundo.

Basta enumerar algunas de las características de la Selva Amazónica para concluir que su extinción sería una tragedia para la humanidad. Siendo la mayor selva tropical del mundo, alberga el 15 por ciento de todas las especies de plantas y animales conocidas del planeta. Tan sólo de peces hay 3000 tipos. En la Amazonia se encuentran dos veces más especies de aves que en Estados Unidos y Canadá. A pesar de los números superlativos, se calcula que apenas un décimo de la biodiversidad de la región ha sido estudiado. El motivo es que la mayoría de las investigaciones que buscan nuevas especies se concentran en las regiones próximas a los centros urbanos y en las márgenes de los ríos. No se sabe con certeza en qué medida la desaparición de ese extraordinario bioma afectaría el calentamiento global. Pero estudios recientes muestran que la destrucción de la selva alteraría la precipitación de las lluvias en varias regiones del globo, entre ellas la Cuenca del Plata, California, el sur de Estados Unidos, México y Medio Oriente, causando perturbaciones imprevisibles en la agricultura de esas regiones. En Brasil no sería diferente. Por medio de la evaporación, la Amazonia produce un volumen de vapor de agua que es responsable de la formación del 60 por ciento de la lluvia que cae sobre las regiones Norte, Centro-Oeste, Sudeste y Sur de Brasil. La disminución de la lluvia tendría un impacto directo sobre la productividad agrícola en estados como Mato Grosso, Goiás y San Pablo. Los ríos que abastecen el reservorio de la central hidroeléctrica de Itaipú verían reducirse sensiblemente sus caudales, causando un colapso energético en el país.





Días atrás, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, según las siglas en portugués) reveló los números del desmonte de la Amazonia en febrero pasado, medido por sus satélites. Como ya ocurriera a fines del año pasado y en el mes de enero de 2008, el índice muestra una devastación en ascenso. En el mes fueron talados 725 kilómetros cuadrados de monte, contra los 266 kilómetros cuadrados del último índice disponible para un mes de febrero, el de 2005. La escalada del desmonte es una noticia que afecta el orgullo de los brasileños. Equivale a la derrota del país en una competencia deportiva en el exterior. Al fin de cuentas, la Amazonia es un patrimonio nacional a ser preservado.

El paranaense Reginaldo Greczyszn, de 42 años, es uno de los agricultores del sur que migraron por centenares al Mato Grosso, sustituyendo la selva por labranzas y pasturas. Actualmente cultiva 2400 hectáreas con soja y arroz en Querência, a 800 kilómetros de Cuiabá. Como su hacienda está en situación irregular, porque ya desmontó más del 20 por ciento permitido por ley, el agricultor corre el riesgo de tener problemas para vender su cosecha de este año y puede perder el acceso al crédito rural. "El gobierno incentivó a todo el mundo a desmontar y ahora nos está empujando a la ilegalidad", reclama.






2.- El grado de desmonte

El sentido común : El gobierno garantizó que el desmonte está bajo control.

La verdad : El desmonte aumentó su ritmo un 30 por ciento en los últimos meses. El alboroto por el aumento del desmonte en la Amazonia fue fomentado por un boletín de enero del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) que estimó la destrucción de 7000 kilómetros cuadrados de la selva amazónica entre agosto y diciembre de 2007. El anuncio causó consternación en el gobierno federal, que venía alardeando de la caída del desmonte en los últimos tres años. A su vez, el gobernador de Mato Grosso, Blairo Maggi, ordenó la realización de estudios para desmentir la afirmación según la cual su estado fue el que más desmontó.

El sistema de monitoreo por satélite de la Amazonia es una referencia internacional de calidad, pero, en este caso, había buenos argumentos para cuestionarlo. El INPE utiliza dos sistemas, el Prodes y el Deter. El primero, más preciso, fotografía la región durante el período de baja de las lluvias, que termina en septiembre, y sirve de base para la comparación entre un año y otro. Sólo registra áreas ya limpias de selva. El Deter opera todo el año y tiene la función de alertar sobre nuevos focos de desmonte. Por eso tiene en cuenta las varias fases de degradación de la vegetación. Datos de ese sistema fueron los utilizados para dar el alerta en enero.





En realidad, el Deter detectó 3235 kilómetros cuadrados en diferentes niveles de desmonte. Como ese sistema capta entre el 40 y el 60 por ciento de lo que es registrado por el Prodes, los investigadores multiplicaron el resultado por dos. No se trata de un número cerrado, sino de una proyección estadística de los datos obtenidos por los satélites. Quien cuestiona el alerta dice que muchas áreas degradadas pueden permanecer de esa manera por años, sin ser tenidas nunca en cuenta en el índice anual de desmonte. Eso no cambia la situación. Lo que se puede decir con certeza es que el número de alertas del Deter aumentó casi 30 por ciento en los últimos meses. Sólo existe una traducción posible: la actividad depredadora aumentó en la Amazonia.

3.- El buey, la soja y la madera

El sentido común : no tiene sentido derribar la selva y sustituirla por pastos y cultivos.

La verdad : en ciertas regiones de la Amazonia la agricultura es irreversible. Lo que falta es el respeto a la ley. A fines de la década de 1960, bajo el justificativo de que era necesario ocupar la Amazonia para evitar su internacionalización, los gobiernos militares distribuyeron tierras y subsidios a quienes estuviesen dispuestos a internarse en la selva. Esto atrajo al lugar a pequeños agricultores y ganaderos del Sur y el Sudeste. Desde entonces, la actividad agropecuaria floreció donde antes sólo había actividad extractiva. Actualmente, el 36 por ciento del ganado bovino y el 5 por ciento de las plantaciones de soja del país se encuentran en la región amazónica. Invertir allí es un excelente negocio. Las tierras cuestan hasta una décima parte del valor de las del sudeste. Las líneas de crédito de los bancos oficiales ofrecen intereses anuales subsidiados en la banda de 5 a 9 por ciento, contra 26 a 34 por ciento en otras regiones. La abundancia de lluvia hace que el pasto crezca todo el año y, en consecuencia, los bueyes alcanzan la madurez para la matanza un año antes.





En las últimas dos décadas, la expansión del agronegocio hizo que los cultivos y pasturas avanzaran cada vez más por la selva, contribuyendo al desmonte. Se sabe ya que el monte amazónico perdió el 17 por ciento de su cobertura original. Las imágenes satelitales revelan que casi el 40 por ciento de esa devastación fue realizada en los últimos veinte años. Surge así el interrogante: ¿cuánto es aceptable desmontar para dar lugar al agronegocio? Nadie lo sabe, porque ningún gobierno produjo un plan de largo plazo para la ocupación de la Amazonia. Pero una cosa es segura: los hacendados establecidos en la región no son criminales porque derriban parte de la selva para hacer su negocio. Ellos contribuyen al desarrollo de la Amazonia, crean empleos y suman puntos al PBI del país. Lo que se debe combatir es el desmonte salvaje, hecho a la sombra de los organismos ambientales, muchas veces por ocupantes de tierras públicas que no vacilan en sacar la pistola contra quienes se oponen a sus intereses.

Las estadísticas muestran que lo arrancando ilegalmente a la Amazonia representa el 80 por ciento de la producción maderera de la región. Antes de ser vendidas en otros estados de Brasil y el exterior, esas maderas son "legalizadas" por medio de documentos fraguados. Los hacendados y aserraderos que cortan madera dentro de la ley se someten a un plan de manejo sustentable aprobado por el Ibama y por las secretarías estaduales de Medio Ambiente. El plan determina la cantidad de madera a ser retirada y replantada. Esos empresarios no son enemigos de la selva.





4.- La ley y sus consecuencias

El sentido común : Está prohibido derribar árboles y quien vende madera es un bandido.

La verdad : El desmonte está reglamentado en diversas regiones, pero los abusos son constantes. A pesar de toda la preocupación por la salud de la selva, el desmonte no está prohibido en ninguno de los nueve estados que forman la Amazonia. En teoría, solamente estaría a salvo aquel 43 por ciento del territorio ocupado por reservas ambientales y tierras indígenas. En esas áreas protegidas sólo se permite la pesca, la caza, la extracción de madera y de esencias vegetales siempre que se respeten las normas de explotación. En la práctica no es así, pues las reservas y tierras públicas están llenas de ocupantes ilegales. Las restricciones al desmonte en tierras privadas, establecidas por una medida provisoria en 1996, son draconianas: el propietario sólo puede desmontar el 20 por ciento de su terreno para plantar o criar ganado. La selva nativa debe ser preservada en el restante 80 por ciento. A eso se llama reserva legal. Hasta 1996 se permitía desmontar el 50 por ciento de la propiedad.

El endurecimiento de las reglas tuvo un efecto inesperado: el clima en las fronteras agrícolas es de desobediencia civil, dado que millares de productores rurales alegan haber adquirido tierras con la expectativa de poder desmontar por lo menos la mitad del área. "Nadie está obligado a cumplir esa norma, pues el gobierno cambió las reglas en medio del juego y empujó a todo el mundo a la ilegalidad", dice el productor de soja Fernando Görgen, prefecto de Querência, en el norte del Mato Grosso. Instituida por una medida provisoria en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, la regla nunca fue votada en el congreso.

La actitud desafiante de los productores se basa también en la certeza de la impunidad. La estructura de fiscalización del estado es precaria y muchos de sus agentes aceptan sobornos para hacer la vista gorda a las infracciones.

La autorización para el corte de árboles para la venta de madera también obedece a reglas severas. Sólo puede hacerse con un plan de administración aprobado por los organismos ambientales. En el vacío creado por la ausencia del Estado en la Amazonia, las reglas de preservación terminan funcionando como un incentivo para la ilegalidad. Quien quiera conseguir una licencia para explotar la madera en el sur de Pará, una de las principales regiones productoras tiene que pedir licencia en Belém, a 1000 kilómetros de distancia. Para superar las dificultades para obtener autorización, los madereros acostumbran recurrir a dos tipos de fraude. El más común es el comercio ilegal de documentos. En lugar de hacer el trabajo y vender la madera, el maderero vende la autorización legal. Otro tipo de fraude involucra a los funcionarios de los organismos ambientales, que venden los documentos directamente a los despachantes y madereros.

El lejano oeste amazónico

John Carter, un estadounidense de 41 años que administra desde hace más de una década una hacienda de 8000 hectáreas cerca del Parque Indígena do Ingu, en Mato Grosso, redobló la vigilancia de la propiedad a causa de vecinos molestos, como ladrones de ganados, indígenas y campesinos sin tierra a la espera de expropiaciones. El año pasado sus 4000 hectáreas de reserva de monte nativo fueron incendiadas. En varias ocasiones, Carter buscó obtener ayuda de órganos públicos, pero no fue tomado en serio. "Esto aquí es una tierra sin ley. Por acción o por omisión, el propio gobierno nos deja sitiados", se desahoga.

El paranaense Idacir Perachi abusó en el pasado de las selvas del Pará con su maderera. Pero en 1999 resolvió modificar las técnicas de manejo forestal de su empresa. Dos años después, su empresa fue la primera compañía brasileña en recibir la certificación del Forrest Stewardship Council, uno de los más reputados "sellos verdes" del ramo. En 2005, mientras tanto, una de las áreas certificadas fue invadida por un oscuro Movimento dos Sem Tora ["Tora" tiene aquí el sentido de "porción de comida", n. del t.]. Peracchi terminó con sus negocios en la región. "En el estado en que ellos dejaron el monte, corría el riesgo de ser responsabilizado por el estrago y perder la certificación", lamenta.

5.- La amenaza del hombre

El sentido común : la devastación y los conflictos en la región son causados por la ganancia de los hacendados.

La verdad : varios factores contribuyen al caos, pero mucho del estrago es causado por el propio gobierno.

El diagnóstico es del ambientalista Paul Adário, coordinador internacional de Greenpeace en la Amazonia: "Hay una gran esquizofrenia en la acción del gobierno. Mientras el Ibama y el Servicio Forestal Brasileño crean reglas y normas elogiables, mejoran el sistema de monitoreo para empresas y comunidades, otro órgano del mismo gobierno, el Incra, promueve asentamientos sin tierra en medio de la selva. Al no poder sobrevivir con la explotación de la tierra, los asentados acaban por desmontar todo", señala.

Aunque es frecuentemente olvidado al abordar la cuestión amazónica, la acción del Incra y sus socios, los sin tierra, es responsable del 20 por ciento de todo el desmonte registrado en la región. Seis de cada diez familias que el gobierno asentó entre 1995 y 2006 fueron llevadas a la Amazonia. Hoy suman 1,3 millones de familias. Cada una recibió un lote medio de 100 hectáreas y la autorización para desmontar solo tres hectáreas por año. A pesar de que ese límite no fue respetado, las áreas están a salvo de la fiscalización del Ibama por decisión del gobierno federal. Con la impunidad asegurada, los asentados y los grupos de sin tierra son actualmente los mayores proveedores de madera sacada de la selva sin autorización de los organismos ambientales.

Como resultado de una ideología rancia de los años 60, el Incra persigue a los agricultores que dejan en pie a la selva. Es la idea superada de que si no preparan el área para el cultivo es porque están especulando con la tierra. Los fiscales consideran a la reserva forestal como tierra improductiva y acaban por marcar a la hacienda como de interés para la reforma agraria. Temerosos de ser expropiados, los agricultores ven la reserva forestal como un área que debe ser derribada cuanto antes.

En la Amazonia hay una profusión de grupos oportunistas creados para invadir tierras. Esos sin tierra son, en realidad, gente pobre que vive y tiene casa en las ciudades del entorno, pero aprovecha la infraestructura ofrecida por el Incra para intentar quedarse con un pedazo de tierra. Para alegar que la gleba es improductiva, los invasores atacan las áreas de monte y reserva legal. Para justificar que están volviendo productivo el lugar, acaban con la selva para plantar mandioca y montar campamentos. En todos esos casos, los invasores cuentan con la ayuda del Incra. Basta el envío de un censo de familias para que el gobierno mande canastas básicas mensualmente. Además del conocido MST, entraron en acción movimientos oscuros como la Liga de Campesinos Pobres, la Federación Nacional de los Trabajadores de la Agricultura Familiar y la belicosa Liga Obrera y Campesina. El resultado es el caos en la selva. De los 761 conflictos por la tierra registrados en Brasil en 2006, casi la mitad se dio en la Amazonia.

Desde hace ocho meses, la maranhense Chislene Souza, de 31 años, apenas duerme en su casa de ladrillos en Santana do Araguaia, en el sur de Pará. Ella pasa el día en una carpa de lona al borde de la ruta BR-158. Al igual que ella, otras ochenta familias que invadieron la hacienda Ouro Verde bajo la cobertura de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Agricultura Familiar (Fetraf) esperan quedarse con parte de la propiedad y 18.000 reales del Incra para comenzar a trabajar la tierra. "Por ahora solo recibimos la canasta básica", se queja. Mientras esperan, Chislene y sus compañeros van destruyendo la reserva forestal de la hacienda para vender la madera.

El futuro

El sentido común : la única forma de salvar la selva es prohibir cualquier explotación económica de ella.

La verdad : existen buenos planes para aliar la explotación económica a la preservación.

Algunos países crearon un sistema de remuneración para hacer ventajoso conservar la selva. Eso ocurre también en pequeña escala en el Amazonas, donde el gobierno ofrece una ´bolsa-floresta para que los pequeños productores rurales mantengan intacto parte del monte en sus terrenos. Existen gobiernos interesados en financiar proyectos de este género en gran escala, para garantizar que las selvas sigan desempeñando funciones ambientales como la absorción de carbono.

El programa de reforma agraria desarrollado por el gobierno federal ya asentó a 1,3 millones de familias en medio de la selva. Gran parte de los asentamientos se transformaron en favelas rurales. Esos asentados son responsables por el 20 por ciento del desmonte de la Amazonia y buena parte de los incendios en la región. La salida sería suspender la creación de nuevos asentamientos y adoptar mecanismos que hagan económicamente viables los ya existentes.

Se calcula que el 20 por ciento de las áreas desmontadas de la Amazonia en las que ya hubo pasturas están ahora abandonadas. Esas áreas pueden ser recuperadas, pero el costo es alto. Es más barato comprar tierras nuevas y desmontarlas. Eso puede revertirse con la creación de líneas de crédito específicas para la recuperación y reutilización de tierras degradadas.

Una buena medida para disminuir la presión sobre la selva sería cambiar la ley y permitir que sean plantadas especies exóticas, como el eucaliptus, en las propiedades que desmontaron más allá del límite del 20 por ciento. "Reforestar con árboles exóticos da ganancias y es técnicamente viable", dice Francisco Graziano, secretario de Medio Ambiente de San Pablo.

Crear certificados especiales para productos originarios de propiedades que actúan dentro de la ley y observan buenas prácticas ambientales puede ayudar a combatir el desmonte ilegal.

Exportar sin el sello de ley

El gaúcho Adelar Giotto, de 55 años, es dueño de una maderera en San Félix do Ingo, en Pará. Desde que llegó a la región, en 2000, hizo diversos pedidos para poder exportar la producción, pero todos fueron negados por falta de documentación que comprobase la legalidad de las tierras explotadas. "Nunca vendí 1 metro de madera legal. Siempre que intenté legalizarme no lo conseguí" asegura. Para no tener que cerrar el aserradero, Giotto compró documentos emitidos por el Ibama a nombre de terceros para vender la producción: "No me siento orgulloso de lo que hice, pero es duro ser tratado como traficante".

LA NACION y Revista Veja/Editora Abril

Traducción: Gabriel Zadunaisky