30 de septiembre de 2007

- FRAUDE -



El verdadero fraude


Las alternativas que depararon los comicios provinciales de Córdoba y Chaco, cuyos resultados finales son aún inciertos, han dado lugar a generalizadas sospechas de fraude electoral con vistas a las elecciones presidenciales del 28 de octubre próximo. Frente a todas las conjeturas en esa dirección y a la demanda de dirigentes de la oposición de convocar a veedores internacionales para el acto electoral venidero, es menester actuar con cautela y con la máxima responsabilidad.

La acusación de fraude electoral es una de las más graves que pueda realizarse en un sistema democrático, lo cual obliga a ser muy prudentes a la hora de su formulación. Eso no quiere decir que deba cesar cualquier reclamo tendiente a que el Estado arbitre todos los mecanismos necesarios para garantizar absoluta transparencia.

Al margen de las dudas que han desatado las elecciones cordobesa y chaqueña, no existen hoy indicadores concluyentes para generalizar la posibilidad de que el fraude sea una suerte de virus capaz de infectar nuestro sistema democrático.

En cambio, se advierte con inquietud una llamativa incapacidad de buena parte de la oposición para fiscalizar adecuadamente los comicios. Esto no es más que una consecuencia de una debilidad de nuestro sistema de partidos, derivada de la falta de estructuras políticas debidamente organizadas, tanto como de la inexistencia de acuerdos entre las fuerzas opositoras para unirse hasta ahora en el control de la votación.

Por cierto, desde la reapertura democrática de 1983, no se recuerdan en elecciones presidenciales denuncias concretas de fraude capaces de empañar los respectivos resultados emanados de las urnas.

¿Por qué a un mes de la realización de nuestra sexta elección presidencial desde la que ganó Raúl Alfonsín 24 años atrás se multiplican las dudas y los temores? Probablemente, porque, en forma generalizada y equivocada, se está asociando un posible resultado electoral ajustado con una votación fraudulenta.

Sin descartar que puedan haberse cometido irregularidades en los comicios cordobeses -no faltan hechos irregulares que alimenten sospechas- es necesario insistir en seguir alentando la prudencia. Prudencia, que deberían exhibir, en primer lugar, los candidatos, quienes deberían abstenerse de proclamarse ganadores sobre la base de cada vez más dudosas encuestas en boca de urna o a partir del resultado que arroje un escrutinio provisional al cabo de una votación reñida. Prudencia, que también deberían cultivar, quienes denuncien situaciones irregulares, poniendo a disposición de la justicia electoral elementos de prueba que vayan más allá de meras presunciones.

Una vez más, es fundamental insistir en que la opinión pública debe tener presente que el escrutinio provisional no es el resultado final de la votación. Es, en cambio, el escrutinio definitivo, a cargo de la justicia electoral, el único cómputo que puede determinar con fuerza legal quiénes son los ganadores.

Sería conveniente también que la dirigencia política, en lugar de advertir sobre el fantasma del fraude para las próximas elecciones, se ocupara del verdadero fraude que está teniendo lugar en estos días, previos a los comicios.

Nos referimos al fraude que implica la proliferación de las llamadas listas colectoras de candidatos, como las que abundan en la provincia de Buenos Aires, a través de las cuales algunos dirigentes encontraron la forma de burlarse de la Constitución y avanzar hacia una ley de lemas de hecho.

Y nos estamos refiriendo también al fraude que supone la inexistencia de un debate serio de propuestas, derivada de la desaparición en muchos casos de las tradicionales plataformas de propuestas partidarias y de la presencia de una candidata oficialista que se esconde de la prensa y de sus rivales, al tiempo que utiliza todos los recursos públicos a su alcance para hacer proselitismo electoral. Por ahora, es ése el fraude más escandaloso.

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