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Los desaparecidos de hoy











De acuerdo con datos de la organización no gubernamental Missing Children, en la actualidad hay en la Argentina 228 menores desaparecidos.

Es probable que cualquiera de esos casos sea tan desgarrador o conmocionante como la misteriosa desaparición de la niña británica Madeleine, ocurrida en mayo último en Portugal, que ha movilizado al mundo entero. Sin embargo, prácticamente ninguno de los chicos que son buscados en nuestro país ha merecido mayor despliegue en los medios de comunicación ni ha despertado campañas masivas en la sociedad, al margen de las que hacen Missing Children y la Red Solidaria, ni tampoco mayor preocupación gubernamental.

Este hecho, paradójico en un gobierno que dice haber hecho de la defensa de los derechos humanos una de sus principales banderas y en una sociedad que, como pocas, ha experimentado y sufrido la violencia, puede merecer distintas explicaciones.

Tal vez guarde relación con una sociedad que no resiste demasiada realidad para no caer en la desesperanza y que, entonces, prefiere mirar para otro lado. O quizá se relacione con intencionalidades políticas, sostenidas por quienes son partidarios de esconder la mugre debajo de la alfombra con tal de no pagar costos electorales.

Lo cierto es que las estadísticas de nuestro país son lisa y llanamente escalofriantes. Sobre un total de 2874 denuncias acerca de chicos perdidos o buscados a pedido de juzgados, de las cuales da cuenta la organización Missing Children desde 1998 hasta el 31 del mes último, hay 228 menores que siguen sin aparecer. Fueron encontrados 2559, incluyendo 41 sin vida, al tiempo que 87 casos fueron cerrados por distintos motivos.

No es casual que el mayor número de menores desaparecidos corresponda al sexo femenino, a raíz de la existencia de redes mafiosas vinculadas con el negocio de la prostitución, favorecidas por la inexistencia de una verdadera política de Estado para combatir eficazmente ese flagelo y por la lamentable complicidad policial con esas nefastas organizaciones en no pocos lugares del país.

La desaparición de personas, inevitablemente asociada con la indisimulable situación de inseguridad que reina en buena parte de la Argentina, es testimoniada por otros datos, aportados por la Red Solidaria, y desvinculados de los menores de edad. Efectivamente, al día de hoy, existen siete argentinos secuestrados (un caso denunciado en la Capital Federal, dos en Buenos Aires, dos en Tucumán, uno en Entre Ríos y otro en Corrientes) y nada menos que 62 personas mayores de 21 años cuyo paradero es desconocido.

Hace pocos días, se cumplió un año de la desaparición de Jorge Julio López, testigo en la causa judicial contra Miguel Etchecolatz, subjefe de la policía bonaerense durante el gobierno militar.

Resulta grave que, habiendo transcurrido tanto tiempo desde la desaparición, la investigación haya avanzado tan poco o nada, sobre todo ante la hipótesis de que se esté ante un delito de la gravedad de haberse pretendido silenciar a un testigo de la Justicia y frente a la tenebrosa experiencia de los años setenta.

Al mismo tiempo, llama la atención que algunos sectores, utilizando el nombre de la víctima, busquen resquicios para realimentar viejas heridas y odios, o para sembrar violencia, como ocurrió días atrás en Neuquén, donde manifestantes que reclamaban la aparición con vida de López agredieron a un oficial del Ejército, egresado del Colegio Militar en plena democracia, por el simple hecho de vestir uniforme.

Así como del Estado debe esperarse que actúe con el máximo de empeño para esclarecer cualquier desaparición de personas, cabe aguardar que la sociedad preserve como nunca el orden social en estas situaciones.

Entretanto, no puede dejar de sorprendernos que, más allá del impacto simbólico que pueda tener su desaparición, desde sectores gubernamentales se insista en hablar de Jorge Julio López como el primer desaparecido de la democracia. Las estadísticas, aterradoras y afortunadamente no sujetas a las manipulaciones del Indec, dan cuenta de que son muchos más.