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Imprudente apoyo a los asambleístas


Sorpresivamente, el gobierno nacional anunció que le dará espacios gratuitos para publicidad, tanto en radio como en televisión, a la llamada Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, entidad no gubernamental que cuestiona abiertamente la construcción de una planta de fabricación de pasta de papel a orillas del río Uruguay.

Esa entidad es la causante de los numerosos y prolongados cortes de puentes y rutas internacionales. Respecto de esos incidentes, el laudo específico de un tribunal arbitral ad hoc del Mercosur, que nuestro país parece decidido a ignorar, consideró por unanimidad responsable al gobierno argentino por "omisión de conducta". Juicio particularmente grave, dado que ésa es la cuestión que se está debatiendo en los estrados de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Es conveniente recordar que los cortes de la ruta 136 han cumplido ya ocho meses seguidos de interrupción del tránsito.

Acerca de la promesa de conceder espacios gratuitos de publicidad, así lo anunció y confirmó la Presidencia de la Nación a los líderes de la mencionada asamblea. Se trata de los espacios de 20 segundos de los cuales dispone el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) en concepto de cancelación en especies de las multas por cobrarles a medios de comunicación masiva.

A esto cabría agregarle la reciente admisión del gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, de que el propio gobierno provincial ha ayudado y continuará ayudando económicamente a los asambleístas, quienes, como se ha denunciado en estas columnas en forma reiterada, coartan el derecho de libre tránsito consagrado en nuestra Constitución nacional. Los cortes permanentes requieren, como es lógico, espíritu de lucha, tiempo para realizarlos y sostenerlos, y fondos para financiarlos.

Además, sobre ese punto, Busti había acusado a "funcionarios intermedios" de nuestra Cancillería por su desempeño en el diferendo diplomático con Uruguay: "Tanto la asamblea como el gobierno provincial encontramos fuerte resistencia en funcionarios intermedios de la Cancillería, que ven esto como un problema que se les viene encima y no como una causa nacional, tal como lo pidió el presidente Néstor Kirchner".

Con acciones de esta naturaleza mal se podrá demostrar, en el futuro, que los hechos que han sido condenados inequívocamente por el referido tribunal arbitral del Mercosur son efectivamente ajenos al gobierno argentino, que en todos los niveles parece, en cambio, haber elegido asumir el carácter de partícipe indirecto de éstos. Es más, el poder político los ha definido como "causa nacional". Una decisión por lo menos imprudente.

Ahora, con la próxima puesta en funcionamiento de la planta industrial cuestionada, estimada por la empresa Botnia para el mes próximo, llegará el momento de poder esclarecer si, verdaderamente, ésa actividad industrial contaminará el aire o las aguas de su zona de influencia o no lo hará. Razón de más, entonces, para que la prudencia sea la actitud por adoptar en el corto plazo, hasta poder conocer con exactitud de cuál lado de la amarga y ya larga disputa que mantenemos con un país hermano -es lamentable no haber sabido resolverla por los canales diplomáticos- se encuentra efectivamente la verdad.