- ACTUALIDAD -

La muerte se coló en la campaña


Extraño país en el que la policía sólo puede hacer dos cosas: mirar o matar. El segundo muerto de la era Kirchner, Carlos Fuentealba, también se produjo en el sur recóndito de la Argentina; el primero fue el policía Héctor Sayago, en Santa Cruz. Esas dos muertes inútiles fueron inexplicables consecuencias de conflictos sociales; Sayago murió en medio de una trifulca con los petroleros y Fuentealba perdió la vida en un entrevero por la protesta docente.

Kirchner no estuvo el jueves ingrato. Otra extrañeza de la Argentina: hay un presidente omnipresente cuando se trata de vapulear desde el atril o cuando le toca la buena hora de hacer pomposos anuncios oficiales. Encuentra refugio en los hielos del Sur, en cambio, cuando la contrariedad se abate sobre su país y su gobierno. No es menos llamativo que la figura del Presidente sea tratada como en los viejos tiempos de los regímenes cerrados, felizmente de saparecidos. Cada ausencia o cada presencia de Kirchner resulta, al final, una incógnita por descifrar. ¿Qué impide una cabal información oficial sobre lo que hace el Presidente, aún si se tomara unos días de descanso?

Jorge Sobisch barrunta que mañana su provincia podría ser un infierno. Desde el sábado están llegando a Neuquén militantes de Quebracho, esa secta de fanáticos violentos que no reconoce límites ni medidas. Roberto Lavagna y Ricardo López Murphy podrían haber hecho de Sobisch el centro de la culpa; ellos lo han combatido al gobernador neuquino desde la noche de los tiempos.

Sin embargo, sólo Kirchner dirigió sus brutales disparos contra el mandatario provincial. Le ordenó la descarga de fuego a su ministro del Interior, Aníbal Fernández. López Murphy y Lavagna prefirieron mirarlo primero a Kirchner y luego a Sobisch, aunque no se olvidaron de éste. Hablar de Sobisch y no de lo que promueve Kirchner es confundir el problema, dijeron, cada uno por su lado.

En el origen del drama neuquino está el método Kirchner. A estas alturas ya no caben dudas de que fue un enorme error aquel anuncio de fines de febrero sobre el aumento del sueldo básico de los docentes. Los salarios docentes los pagan las provincias, pero ningún gobernador se enteró antes que los periodistas. Para peor, casi ninguno tenía los recursos necesarios. El Presidente ni siquiera le reclamó al gremio docente que fijara una línea política para el sindicato nacional. Cada provincia y cada gremio provincial se convirtió, así, en un problema particular.

¿Fue un error el aumento a los docentes? El error fue el método. Debió existir un marco global consensuado con los gobernadores y una política nacional acordada con el sindicato docente. Debieron producirse previamente el diálogo y la reflexión, dos notables ausencias en los tiempos de Kirchner. De hecho, la provincia de Buenos Aires pudo resolver a trancas y barrancas el problema docente a pocas horas de comenzar las clases, en marzo. La Capital sufrió una agitación parecida en tiempos ya límites.

Pero la prioridad de Kirchner era otra: hacer de Daniel Filmus, ministro de Educación, un candidato conocido y popular a jefe de gobierno de la Capital. Su objetivo explícito era fulminar con una sola bala a Macri y a Telerman al mismo tiempo. Por lo general, las cosas que empiezan mal terminan mal. Filmus, una persona capaz y honorable, es ahora más conocido, pero no más popular.

Una pregunta que merece una respuesta es por qué han ocurrido las protestas más violentas en las provincias más ricas. Neuquén, Santa Cruz y Salta tienen, con las consiguientes diferencias de los casos, las regalías petroleras de las que carece la mayoría de los estados provinciales. La primera respuesta consiste en que el dinero no tiene el mismo significado para un ciudadano de Santiago del Estero que para otro de Santa Cruz. Sus vidas son muy distintas, se las mire por donde se las mire.

Una segunda respuesta refiere al sistema de gobierno de gran parte de las provincias petroleras. El petróleo es un recurso natural no renovable y, por lo tanto, algun día se terminará. Casi todos los gobernadores de provincias petroleras, incluido el propio Kirchner, han actuado como si el petróleo fuera un recurso inagotable. Si el Estado gasta y despilfarra en cosas a veces inexplicables, ¿por qué no deberían reclamar mayor generosidad los sindicatos estatales? Es la pregunta que se hacen, por ejemplo, los empleados estatales de gran parte de esas provincias.

Pero esa pregunta no se la han hecho Kirchner ni otros líderes de provincias petroleras. Resulta que ahora están estupefactos y denuncian que sus docentes cobran el doble -o más- que lo percibido por la mayoría de los maestros en el país. Las provincias petroleras son chavistas , ha dicho un líder opositor aludiendo al derroche de los dividendos que deja un recurso condenado a la extinción.

Otra lección de estos días de furia estuvo dirigida al Estado impotente frente a la indisciplina social. Fuentealba no debió morir. Pero no se puede desconocer que hay una mezcla peligrosa entre los conflictos sociales irresueltos y la impericia policial para contener sin matar. Hubo muchos conflictos sindicales en los últimos tiempos que se resolvieron a fuerza de boicot. El ejemplo se expande. El propio Ministerio de Trabajo ha resignado gran parte de su poder de disuasión por indicaciones directas del Presidente. Electoralismo y reclamos salariales vienen de la mano y los gobernantes se convierten en impotentes. La negociación sale a veces del escenario.

Dos ejemplos de que se pueden sofocar las rebeldías sociales sin que la vida pierda su valor fueron las acciones de la Prefectura en Buquebús y de la Policía Federal frente a la violencia de Quebracho en la Capital. Hubo algunos manifestantes con heridas leves y otros detenidos, pero no se llegó a la mutilación ni a la muerte.

El Estado no puede permitir, en última instancia, que la violencia se resuelva con violencia. Esto es lo que estuvo a punto de suceder en Entre Ríos entre asambleístas y turistas que estaban lejos del sublevado litoral del río Uruguay. La inexplicable tensión con Uruguay no se puede resolver ya en un puñado de días. No obstante, una actitud menos confrontativa por parte del gobierno argentino, y cierto ejercicio de contención del Estado hacía los asambleístas, podría darle otro contexto al conflicto. Al revés, hubo días en que el puente de Colón estuvo cortado por siete asambleístas que eran contemplados por 12 efectivos de la Gendarmería.

¿Cómo encausar el conflicto social si, además, no hay certezas sobre cuánto cuestan las cosas de vivir? Según el informe preliminar sobre la inflación en marzo, el costo de la canasta básica de ese mes aumentó el 3,6 por ciento y más del 13 por ciento en los últimos seis meses. Con sólo duplicar esa cifra, se llegaría a la conclusión de que la canasta básica sería ahora un 26 por ciento más cara que hace un año.

¿Es así? ¿Es cierto eso o todo lo contrario? Nadie lo sabe desde que el Indec está intervenido por el Gobierno. Tanto dibujo ha terminado por engendrar un esperpento. Se trata de una derrota moral de la administración, provocada tambien por decisiones carentes de reflexión.

La canasta básica la consumen todos los argentinos, de todos los estratos sociales, aunque afecta más a los más pobres. Constituye también una fórmula importante para determinar cuántos argentinos son indigentes.

El Estado argentino no se ha repuesto de la última crisis. El gobierno de Kirchner sólo se ha limitado, hasta ahora, a hacer anuncios, a crear fideicomisos y a hurgar en el paquete accionario de las empresas de servicios publicos. Un fideicomiso ya llegó a los tribunales por las denuncias de corrupción de la empresa sueca Skanska. Las acciones estatales en las empresas de servicios sólo producen funcionarios bien rentados y eliminan al Estado como supervisor de la eficiencia y las inversiones.

El Estado no está, ni siquiera para dirimir entre los salarios y la policía o entre la vida y la muerte.

Por Joaquín Morales Solá
Para LA NACION