- CUMPLIR LA LEY -

La calle es de todos


En todo el mundo hay reclamos callejeros, sin distinción entre países desarrollados y subdesarrollados. Los hay por razones sociales, como la falta de empleo, o por razones políticas, como el rechazo a tal o cual medida gubernamental. Los hay por razones tan diversas como diversos son sus promotores. En casi todo el mundo, sin embargo, el derecho de uno a reclamar termina donde comienza el derecho del otro a transitar.

Esa es, quizá, la diferencia principal entre el fenómeno piquetero argentino, parecido al cocalero boliviano, y otras formas de expresar disconformidad o, fiel a su origen, de exigir medidas que faciliten el empleo.

El problema radica en que ese reclamo original por el empleo quedó prácticamente en el olvido, y el método, imitado por todo aquel que quiera ser oído en una sociedad que no suele prestar atención al prójimo, comenzó a ser imitado por sectores no necesariamente identificados con los piqueteros, como los estudiantes, los docentes y miembros de otros gremios.

El corte de una avenida o de una calle, con el consabido perjuicio que ocasiona a quienes circulan por ella, se convierte en un foco de atención, sobre todo por la presencia de medios de comunicación. Ningún piquete tiene éxito si no es registrado por las cámaras fotográficas y de televisión.

Se trata, en definitiva, de una grave anomalía que plantea un evidente y burlón desprecio a los derechos ajenos, inferido a pura prepotencia por sectores minoritarios que, portando palos y encapuchados o sin esos aditamentos tan frecuentes, le imponen a la mayoría su voluntad de obstruir la vía pública. Es un acto de neto corte autoritario.

El gobierno electo de la ciudad de Buenos Aires tiene previsto ordenar los reclamos, de modo de evitar, justamente, que el derecho de unos afecte el de los demás. De ahí que el diputado nacional Federico Pinedo (Pro) haya propuesto que aquellos que pretendan reclamar en la calle deban pedir permiso, como sucede en varios países de Europa y en los Estados Unidos.

En realidad, Pinedo no hizo sino refrescar la memoria sobre la existencia de claras disposiciones a ese respecto. El olvido y el menosprecio de esa normativa son atribuibles a dos factores esenciales: la generalizada anomia, tolerada y alentada desde el Poder Ejecutivo Nacional, y la absoluta falta de herramientas que aqueja al gobierno local, carente de poder de policía y de una fuerza policial propia, llegado el momento de hacer respetar y cumplir la ley.

Así y todo, la letra es clara. El artículo 78 del Código Contravencional de la ciudad de Buenos Aires señala: "Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos es sancionado con 1 a 5 días de trabajos de utilidad pública o multa de 200 a 1000 pesos. El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin, deberá, con razonable anticipación, dar aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento".

Como si no bastase con eso, el Código Penal, en su artículo 194, dispone: "El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".

La ley no tiene puntos oscuros. Sólo no puede entenderla quien no quiere hacerlo, ya sea por mera ignorancia o concreta y perversa intencionalidad. Es lamentable que a esta última categoría quepa atribuirle el insólito reto emitido por el ex funcionario local y vigente líder piquetero -milita en el Movimiento Libres de Sur- Humberto Tumini, quien lanzó un singular desafío: "Esperen sentados que les pidamos permiso para movilizarnos por nuestros derechos".

La calle es de todos. La más elemental norma de la convivencia dicta que el derecho de uno termina donde el comienza el derecho de los demás, como sucede en todo el mundo. La ley existe en la Argentina; sólo hace falta cumplirla y hacerla cumplir.