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Riachuelo: la historia continúa

La historia negra del Riachuelo nos acompaña desde los comienzos de nuestra vida independiente hasta nuestros días, en que se ha convertido en una cloaca a cielo abierto.

En un principio, la temprana degradación de ese curso fluvial comenzó con la instalación de curtiembres y saladeros en las riberas de su último tramo, razón por lo cual en 1813 la Asamblea Constituyente ordenó su desalojo.

Han pasado casi dos siglos. En su transcurso, alrededor de 4.800.000 habitantes han poblado la cuenca del río que nace en Cañuelas como Matanza y que a partir del puente de la Noria toma el nombre de Riachuelo, completando así 64 kilómetros de recorrido. Aproximadamente 3000 establecimientos fabriles están instalados en sus inmediaciones y las descargas de efluentes tienen un ritmo abrumador de 350.000 metros cúbicos diarios. A eso se unen 105 basurales en un espacio en el cual una densa población de dos millones de personas no puede satisfacer sus necesidades básicas.

La realidad es, pues, altamente inquietante desde hace mucho. Debe añadirse que un río que tuvo vida, cuando sus aguas eran limpias y oxigenadas, hace mucho se convirtió en depósito de microorganismos indeseables que propagan graves enfermedades gastrointestinales, eruptivas, broncopulmonares y tantas otras. Asimismo, en la carga tóxica que arrastra el río hay que mencionar los componentes de cromo, plomo, metales pesados e hidrocarburos, que completan un cuadro de contaminación intolerable.

Ese listado de inconvenientes estaría incompleto si no se hiciera referencia a la serie de decretos, prohibiciones, normativas, proyectos de limpieza y ordenamiento de controles y de convenios destinados a lograr la depuración del río o bien a rectificar el curso de la corriente o a expandirla. Todas esas iniciativas tuvieron en común la discontinuidad, el incumplimiento o fueron mera fantasía, como la de los "mil días" proclamados en 1995. El penúltimo anuncio, que no pasó de ahí, se debió al ministro Julio De Vido, quien, en junio de 2005, dijo que una empresa china se encargaría de la descontaminación.

Nos hallamos ahora ante otra situación. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, ha elaborado un plan de saneamiento y ha dado algunos pasos de importancia, como la designación de una autoridad de la cuenca, decisión todavía no aprobada formalmente, pero que apunta a resolver un engorroso problema jurídico de la región, ya que abundan las normas de distinta jerarquía en un territorio que compromete a entes autónomos nacionales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, lo cual ha complicado la toma de decisiones y su puesta en marcha.

Ahora bien, ante una requisitoria de la Corte Suprema de Justicia, la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, expuso algunos aspectos de los avances hasta ahora efectuados. Señaló, entre otros conceptos, que se ha buscado crear las herramientas que harán posible el plan elaborado. Agregó que los estudios anteriores sobre impacto ambiental "no eran confiables" porque no habían medido la capacidad del río para procesar los contaminantes que eran arrojados. Los miembros del máximo tribunal, luego de escuchar la exposición, decidieron pedir que se ampliara la información, a fin de establecer la factibilidad del plan de saneamiento presentado. Para ello solicitaron que profesionales especializados de la Universidad de Buenos Aires hagan conocer sus observaciones y recomendaciones al respecto.

La decisión de la Corte ha sido atinada. Muy compleja es la obra por encarar y muy costosa. Tantas frustraciones acumuladas obligan a no fallar más, y esto impone el máximo cuidado en la preparación del plan. Así, también, es necesario alentar un ritmo de trabajos que estimule a la población a confiar en la ejecución de las obras, para lo cual es indispensable que las predicciones no trasladen resultados inciertos a un largo plazo indefinido como ahora se han formulado. A la vez, es menester que en lo inmediato se procure solucionar las patologías que padecen los habitantes del área por efectos de la contaminación y que sean contempladas criteriosamente las cuestiones atinentes a la conversión y relocalización de las industrias que deberán trasladarse. Todas esas labores bien merecerían contar con el respaldo de una indeclinable determinación política, de manera tal que algún día el Riachuelo pudiese dejar de ser un sinónimo de la desidia de las autoridades que, una tras otra, permitieron que ese curso fluvial llegase al estado oprobioso en que ahora se encuentra.

Editorial La Nación