- MEDIOS VENEZOLANOS -

Chávez cercena la libertad de prensa

Luego de 53 años en el aire, Radio Caracas Televisión (RCTV) silenció su señal un minuto antes de la medianoche del domingo último, para ser sustituida por un canal oficial tras la decisión del presidente Hugo Chávez de no renovarle la concesión.

El cierre del canal recibió un amplio rechazo de los venezolanos y sirvió para poner en evidencia el sesgo autoritario del gobierno de Chávez, empeñado en acallar toda crítica a su gestión y aumentar el control sobre los medios de comunicación. En efecto, el líder de la denominada revolución bolivariana no sólo ha tomado medidas enérgicas contra las voces de los medios independientes; de manera agresiva ha estado expandiendo su propio imperio mediático sustituyendo los programas comerciales de radio y televisión con regularidad, además de controlar los activos de los medios.

La decisión de no renovar la licencia de RCTV es uno de los muchos ejemplos de la coacción ejercida por el gobierno chavista contra la prensa independiente de su país. Constituye, además, un evidente chantaje contra los demás medios venezolanos que no están alineados con el discurso oficial, pero que dependen de concesiones públicas para mantenerse. El mensaje es claro: o dicen cuanto el gobierno quiere y se subordinan, o de lo contrario ya conocen el destino que les depara.

Con respecto al cierre de Radio Caracas Televisión, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, dijo que "es evidente que la población venezolana debe cobrar conciencia de que lo que se está haciendo es limitar el acceso a la información. Todos los gobiernos con tendencias autoritarias, totalitarias, intolerantes, son los que intentan acallar los medios. Y acallar a la prensa es una medida que tiende a intimidar a los medios de comunicación".

Esas declaraciones provocaron la reacción de una alta funcionaria del Ministerio de Comunicación e Información, que, con la misma línea autoritaria e intimidatoria impuesta por el gobierno de Chávez, señaló que la reproducción de las declaraciones de Marroquín le podría costar a cualquier canal de televisión o radio el cierre de hasta 72 horas, además de calificar el pronunciamiento de la SIP como una "incitación a delinquir".

La concesión de la frecuencia radioeléctrica no puede ni debe servir para premiar o castigar a los medios de comunicación por su línea editorial. Es evidente, entonces, que el presidente Chávez está abusando de la autoridad regulatoria del Estado para castigar a un medio de comunicación por su posición crítica frente al gobierno. Esto constituye un serio retroceso para la libertad de expresión, que algunos gobiernos intolerantes se encargan de atacar con medidas que en nada condicen con una sociedad democrática.

Editorial La Nación